La reforma laboral en Argentina: la lucha aún no ha terminado
Feb 13, 2026
El draconiano proyecto de ley de reforma laboral del presidente Javier Milei ha recibido la aprobación preliminar del Senado, pero la lucha está lejos de haber terminado. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde lxs trabajadores y los sindicatos tienen hasta finales de febrero, cuando se reanuden las sesiones ordinarias, para movilizarse y bloquear potencialmente este ataque a los derechos laborales que tanto ha costado conseguir y que sentaría un peligroso precedente.
El 12 de febrero, el Senado otorgó la media sanción por 42 votos contra 30, tras una maratónica sesión de 13 horas. Miles de trabajadores movilizados por los sindicatos paralizaron partes de Buenos Aires en protestas masivas frente al Congreso, calificadas como «sin precedentes» y «vehementes». Una huelga general en la que participaron amplios sectores provocó enfrentamientos con la policía, hasta 71 detenciones y múltiples heridos. Los críticos condenan las disposiciones regresivas del proyecto de ley: jornadas laborales de 12 horas, reducción de las indemnizaciones por despido, límites a la huelga y cambios en el poder de negociación.
Según el proceso legislativo bicameral de Argentina, la aprobación del Senado es solo el primer paso. El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde el gobierno está presionando agresivamente para que se vote rápidamente antes de finales de febrero o antes del 1 de marzo, cuando comienzan las sesiones ordinarias del Congreso.
Las fuentes indican que la coalición gobernante cree que cuenta con los votos necesarios, alrededor de 129 o más. Sin embargo, la feroz oposición podría complicar el proceso. La presión de los sindicatos, las protestas en curso y las posibles enmiendas aún podrían descarrilar el proyecto de ley.
Si la Cámara de Diputados aprueba este amplio paquete legislativo de más de 200 artículos, se reestructuraría fundamentalmente el panorama laboral de Argentina. Las disposiciones clave incluyen:
Ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas.
La eliminación de las horas extras remuneradas, sustituidas por un sistema de «banco de tiempo» en el que los empleadores deciden unilateralmente cuándo —o si— las horas acumuladas pueden tomarse como tiempo libre o turnos reducidos.
Introducción de «salarios dinámicos» basados en la productividad, lo que permite que los salarios fluctúen de un mes a otro
Deducción de los días no trabajados durante la baja por enfermedad, poniendo fin al pago por ausencias médicas.
Fragmentación de las tradicionales vacaciones anuales de 30 días, siendo los empleadores quienes deciden cuándo los trabajadores disfrutan de sus vacaciones
Eliminación total de la indemnización por despido, lo que fomenta los despidos masivos y las prácticas de «despedir y volver a contratar» en peores condiciones.
Restricciones severas al derecho de huelga.
Ampliación drástica de los poderes de los empleadores, destruyendo el principio de igualdad en el poder de negociación y dejando a los trabajadores completamente sumisos a la dirección.
Si este proyecto de ley se convierte en ley, sentaría un peligroso precedente que podría ser fácilmente replicado en todo el mundo por gobiernos de extrema derecha respaldados por multimillonarios y corporaciones, revirtiendo décadas de protecciones laborales bajo el pretexto de la "modernización" y el crecimiento económico.
Fernanda Boriotti, presidenta de la afiliada a la ISP, FESPROSA, añadió: «La reforma laboral diseñada a medida de los grandes capitalistas de Argentina y las exigencias del gobierno de Trump es un ataque frontal a los derechos laborales tanto en el sector público como en el privado. Los trabajadores públicos veremos afectado nuestro derecho a la huelga, restringido nuestro derecho de reunión y mermada nuestra capacidad de recurrir a los tribunales laborales ante las injusticias patronales».
Euan Gibb, secretario regional de la ISP para Interamérica, afirmó: «Las manifestaciones masivas en toda Argentina dejaron claro que esta supuesta reforma va totalmente en contra de los intereses de la mayoría de la población. El Estado ha recurrido a una represión brutal y violenta contra la clase trabajadora para imponer esta reforma. Se trata de un ataque directo a los derechos fundamentales de lxs trabajadores, representativo de la estrategia de los gobiernos extremistas de toda América Latina. La ISP y nuestras afiliadas seguirán organizando y reforzando la resistencia en todo el continente».
Federico Dávila, vicepresidente primero de la ISP, declaró: «La autoproclamada "reforma laboral" forma parte de un conjunto de medidas que, lejos de generar más trabajo y producción, en realidad los socavan. Estas medidas precarian el empleo, eliminan los derechos laborales y sindicales y debilitan las organizaciones sindicales y sus sistemas de salud, todo ello con el claro objetivo de maximizar los beneficios de las grandes empresas que nunca reinvierten en el trabajo y la producción».
Nayareth Quevedo, secretaria subregional de la ISP para el Cono Sur, afirmó: « Esta reforma, que pretende ampliar la jornada laboral, debilitar los mecanismos de compensación y limitar el derecho a la huelga, no representa una modernización justa del trabajo, sino más bien una transferencia de poder de los trabajadores a los empleadores y al capital. El debate continúa ahora en la Cámara de Diputados. Allí también está en juego el futuro del trabajo decente en Argentina, y el movimiento sindical seguirá defendiendo los derechos que ha conquistado».