El cuidado debe reconocerse como un derecho humano y un bien público.

El encuentro online, titulado “Reconocer el cuidado como un derecho humano: un imperativo mundial”, reunió a dirigentes sindicales, expertas, organizaciones feministas y de derechos humanos para debatir cómo transformar el cuidado en un derecho garantizado por los Estados y no en una carga privada que recae mayoritariamente sobre las mujeres.

El evento fue organizado por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) junto a ActionAid, FEMNET, DAWN, GI-ESCR, Oxfam, Womankind, Care International, Global Alliance for Tax Justice, CESR, Tax Justice Network e ILAW, entre otras organizaciones que forman parte del grupo impulsor del Manifiesto para reconstruir la organización social del cuidado.

El objetivo del encuentro fue fortalecer el impulso internacional para reconocer el cuidado como un derecho humano en la legislación nacional de los países, aprovechando el precedente histórico establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La apertura estuvo a cargo de la moderadora Berivan Öngörur, secretaria internacional del sindicato sueco Vision y miembro del Comité Ejecutivo de la ISP, quien destacó que el evento buscó proyectar a escala global el impacto de la reciente jurisprudencia interamericana sobre el derecho al cuidado, así como fortalecer estrategias para su incorporación en marcos normativos, políticas públicas y sistemas de protección social en distintas regiones del mundo. 

El Cuidado debe ser reconocido como derecho humano y bien público

El secretario general de la ISP, Daniel Bertossa, abrió la actividad afirmando que el movimiento sindical internacional está dando una batalla decisiva para transformar la manera en que el mundo entiende y organiza el cuidado. 

Bertossa recordó que la ISP representa a trabajadoras y trabajadores del cuidado en los sistemas públicos, privados, sin fines de lucro y en el trabajo doméstico, y subrayó que el sector se encuentra hoy tensionado por profundas desigualdades, por el debilitamiento de los servicios públicos y por una ofensiva creciente de mercantilización. 

“Tenemos que reconocer el cuidado como un derecho humano y un bien público”, planteó, al defender una visión que vaya más allá del enfoque restringido de la llamada “economía del cuidado” y que avance hacia una auténtica reconstrucción de la organización social del cuidado.

El dirigente sindical resaltó que la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en 2025, constituye un hito histórico al reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo e interdependiente de otros derechos. A su juicio, ese pronunciamiento reafirma además el papel central del Estado en la garantía y organización de sistemas públicos de cuidado, al tiempo que coloca a las trabajadoras y trabajadores del sector en el corazón de esa arquitectura. 

Bertossa advirtió que este avance enfrenta fuertes resistencias por parte de actores empresariales y sectores que buscan convertir el cuidado en una nueva fuente de ganancias. Por ello, insistió en que la tarea del movimiento sindical es fortalecer la organización, la negociación colectiva y las alianzas con el feminismo y la sociedad civil para impedir que el cuidado siga siendo tratado como una mercancía. 

Una radiografía global de los sistemas de cuidado 

La primera parte del panel se centró en examinar el estado actual del reconocimiento del cuidado en distintas regiones del mundo y aspectos sobre el trabajo decente. 

Georgia Montague Nelson, directora del Global Labour Institute, presentó los resultados de una revisión global impulsada junto a la ISP sobre políticas de cuidado, privatización, remunicipalización y marcos legislativos en seis regiones.

Su exposición mostró que, aunque existen avances relevantes, la tendencia dominante sigue siendo la subordinación del cuidado a modelos fragmentados, con fuerte presencia privada, financiamiento insuficiente y una dependencia persistente del trabajo no remunerado de las mujeres. 

En Europa, advirtió, predominan los sistemas mixtos con financiamiento público pero creciente tercerización, expansión de vouchers y mayor presencia de empresas multinacionales del cuidado.  Mientras que en África, los sistemas continúan fuertemente subdesarrollados y descansan en gran medida sobre el trabajo informal y no remunerado. Sin embargo, la región también muestra avances jurídicos y normativos importantes, como la resolución de la Comisión Africana sobre los derechos de las personas trabajadoras en la economía informal y algunos desarrollos en Sudáfrica en materia de igualdad y permisos parentales.

En Asia, la situación aparece marcada por la fragmentación, la desigualdad entre subregiones y la debilidad de los sistemas de protección social. Montague Nelson destacó algunos pasos positivos, como las reformas en Australia tras la crisis del sistema de cuidados para personas mayores, así como iniciativas en Filipinas, Indonesia y Malasia para reconocer a las trabajadoras comunitarias del cuidado y fortalecer planes nacionales. 

En Medio Oriente y el norte de África, el estudio mostró que el cuidado sigue anclado en normas familiares y patriarcales, con una limitada presencia estatal y una fuerte tendencia a entenderlo como un medio para facilitar la productividad, más que como un derecho humano. 

En Norteamérica, los modelos multinivel han producido sistemas fragmentados, con grandes desigualdades de acceso y calidad. Se destacó el caso de Canadá y de Quebec, donde existen experiencias públicas relevantes, aunque también enfrentan listas de espera, falta de personal y tensiones presupuestarias. 

En el Caribe, los servicios siguen siendo escasos, costosos y limitados, aunque algunos países, como Barbados, han comenzado a ensayar reformas para fortalecer derechos y avanzar hacia sistemas más universales. 

En este primer panel, la intervención de Jeff Vogt, de la red internacional ILAW, profundizó en las implicancias jurídicas del reconocimiento del cuidado como derecho, especialmente para quienes lo realizan. Desde una perspectiva vinculada al derecho internacional del trabajo y a la experiencia sindical global, subrayó que la decisión de la Corte Interamericana abre una oportunidad histórica, pero que su implementación no ocurrirá de manera automática. 

Vogt insistió en que el derecho al cuidado debe traducirse en garantías concretas para las personas trabajadoras, tanto remuneradas como no remuneradas. Eso implica salarios justos, jornadas dignas, protección social, condiciones de trabajo seguras, licencias, tiempo de descanso y reconocimiento pleno de la libertad sindical y la negociación colectiva.

El financiamiento del cuidado en el centro del debate

El segundo panel abordó el cuidado desde una perspectiva de economía política feminista.

Mahinor ElBadrawi, del Center for Economic and Social Rights (CESR), analizó cómo las políticas macroeconómicas globales —incluyendo programas de austeridad, privatización y reformas estructurales promovidas por instituciones financieras internacionales— afectan directamente la capacidad de los Estados para financiar sistemas públicos de cuidado.

Por su parte, Nicole Maloba, de FEMNET, enfatizó que reconocer el cuidado como derecho humano implica garantizar financiamiento público suficiente y políticas fiscales que prioricen los servicios sociales, en lugar de continuar reduciendo el gasto público.

Nilanjana Mukhia, directora de justicia de género de Oxfam, puso el foco en las estrategias del movimiento global. Reivindicó las victorias acumuladas en los últimos años gracias al trabajo articulado entre sindicatos, feminismos y organizaciones sociales: la resolución de la ONU sobre la centralidad del cuidado, el Compromiso de Buenos Aires, los avances regionales en Asia y, por supuesto, el pronunciamiento de la Corte Interamericana. 

Sin embargo, advirtió que el escenario mundial se ha vuelto más hostil. La concentración de riqueza y poder en manos de una pequeña élite, la crisis de deuda, el retroceso de la ayuda oficial al desarrollo y la creciente influencia del capital financiero están agravando las condiciones para sostener servicios públicos universales. 

Mukhia alertó sobre los riesgos de la “uberización” del cuidado y de un lenguaje que reduzca el debate a la rentabilidad de la “economía del cuidado”, dejando de lado su dimensión de derecho y de responsabilidad colectiva. Frente a ello, valoró el trabajo de la ISP para instalar el concepto de organización social del cuidado.

América Latina a la vanguardia

Durante el debate, la dirigenta sindical Juneia Batista, de la Confederación de Trabajadores Municipales de América Latina (CONTRAM) y de la  ISP  intervino para destacar que América Latina ha sido una región pionera en el debate sobre políticas públicas de cuidado.

“Hoy hablamos de sistemas integrales de cuidado porque los sindicatos de la ISP y las mujeres sindicalistas han estado en la primera línea denunciando la sobrecarga de trabajo no remunerado y exigiendo políticas públicas que garanticen este derecho”, afirmó.

En las intervenciones finales, Margarita López co-presidenta del Comité Regional de Mujeres  de Interamérica, subrayó que el cuidado no puede considerarse un bien público si es tratado como mercancía, e insistió en la necesidad de avanzar hacia sistemas públicos de cuidado financiados adecuadamente y respaldados por políticas públicas exigibles.

El evento concluyó con un llamado a fortalecer la articulación entre sindicatos, movimientos feministas, organizaciones sociales y gobiernos para impulsar una nueva etapa de lucha para impulsar sistemas de cuidado públicos, universales, financiados y democráticos.