Colombia lidera la salida de países del Sur Global del régimen de ISDS

En el marco de una campaña internacional que los sindicatos de servicios públicos vienen impulsando, junto a otras organizaciones, para que Colombia asuma un papel de liderazgo en la salida de países del Sur Global del sistema internacional de arbitraje de inversiones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado que el país va a salir del régimen argumentando que los tribunales terminan resolviendo las disputas a favor de los privados.

No por coincidencia, un día antes del anuncio de Petro el miércoles 25 de marzo, los miembros de la ISP participaron en Bogotá en el evento “Arbitraje de Inversión y la Transición Energética Justa”, organizado por el Center for Economic and Policy Research (CEPR). El evento reunió a académicos, organizaciones de la sociedad civil y representantes del Estado para debatir los impactos profundamente negativos de los tratados bilaterales de inversión y de los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS), que subordinan a los países a tribunales internacionales de arbitraje.

30% de las demandas contra Estados latinoamericanos se relacionan con servicios públicos...

En este régimen, los inversores extranjeros - e incluso grandes inversores nacionales que canalizan su capital a través de paraísos fiscales - pueden demandar a los Estados cuando estos adoptan políticas de desarrollo económico, protección ambiental, fortalecimiento de servicios públicos o protección social que afecten sus ganancias. En su anuncio, Petro subrayó que "varios países ya han anunciado o concretado su salida de este tipo de arbitraje, entre ellos Estados Unidos".

En una carta enviada al presidente Petro, el Secretario General de la ISP, Daniel Bertossa, señaló: “Esta decisión constituye un paso importante en el fortalecimiento del espacio de política pública de los Estados y en la promoción de modelos de desarrollo equitativos”.

Bertossa destacó la importancia de que Colombia se retire del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y denuncie los Tratados Bilaterales de Inversión y los Tratados de Libre Comercio que contienen cláusulas de ISDS perjudiciales para lxs trabajadores y los servicios públicos. “Desde la ISP hemos sostenido de manera consistente la importancia de proteger los servicios públicos frente a procesos de privatización y frente a influencias indebidas de actores corporativos”, agregó.

Evento en Bogotá

Durante el evento realizado en la Universidad del Rosario en Bogotá, Oscar Parra, coordinador de justicia económica y representante de la ISP entre los panelistas, destacó que cerca del 30% de las demandas de arbitraje contra Estados latinoamericanos están relacionadas con servicios de naturaleza pública, y que aproximadamente el 86% de las demandas provienen de empresas de Estados Unidos y Europa. En este sentido, señaló que la privatización de los servicios públicos, la financiarización de la economía y los tratados bilaterales de inversión forman parte de un mismo proyecto de mercantilización de los bienes públicos en favor del lucro privado.

... y el 86% provienen de empresas de Estados Unidos y Europa.

Johana Cortés-Nieto, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, explicó que en esta arquitectura jurídica se termina concediendo a los inversores el estatus de actores vulnerables, mientras los Estados pierden soberanía y capacidad de implementar políticas públicas. En la práctica, se expanden los derechos de propiedad por encima de los derechos humanos, ambientales y sociales, y también por encima de los bienes públicos.

También se destacó que una gran parte de las demandas de arbitraje proviene de empresas mineras y de combustibles fósiles, lo que significa que terminar con los ISDS es un requisito previo para cualquier proceso de transición ecológica justa. Además, los países latinoamericanos gastan cada año cientos de millones de dólares, y en muchos casos miles de millones, en indemnizaciones y costos legales en disputas de arbitraje internacional. Recursos públicos que deberían destinarse a servicios públicos, derechos sociales e infraestructura.

Panelistas señalaron que la alternativa es establecer contratos de inversión bajo la ley nacional, donde los inversores tengan derechos pero también obligaciones, como transferencia de tecnología y mecanismos de desarrollo local y nacional, algo que en la mayoría de los casos está explícitamente prohibido en los tratados bilaterales de inversión.

Tanto Estados Unidos como los países europeos continúan promoviendo para los países del Sur Global las mismas cláusulas que rechazan para sí mismos. 

Se discutieron experiencias como la de Ecuador, que se retiró del sistema de arbitraje sin sufrir una caída en la inversión extranjera - al contrario, la inversión ha aumentado - y el caso de Brasil, que nunca se sometió a este sistema y ha mantenido su soberanía en sus contratos de inversión. Asimismo, se mencionó que varios países europeos decidieron retirarse del Tratado de la Carta de la Energía porque este permite que empresas energéticas demanden a los Estados en tribunales internacionales de arbitraje cuando adoptan políticas climáticas o ambientales que afectan sus ganancias, lo que limita la soberanía regulatoria de los Estados y dificulta la transición energética.

Lo mismo pasa en Estados Unidos en su tratado de comercio con Canadá, en lo cual las clausulas de ISDS han sido rechazadas tanto por demócratas cuanto por republicanos. Sin embargo, tanto Estados Unidos como los países europeos continúan promoviendo para los países del Sur Global las mismas cláusulas que rechazan para sí mismos. 

El debate dejó claro que el sistema internacional de arbitraje de inversiones representa un enorme costo para los Estados y una limitación a la democracia y a la soberanía económica. Por eso, seguimos en la lucha para que los países del Sur Global avancen en la salida de este sistema internacional injusto y asimétrico, y para recuperar la soberanía de los Estados frente a las multinacionales y los grandes inversores internacionales. 

La ISP saluda la iniciativa de Colombia de anunciar su salida y llama a que otros países hagan lo mismo.